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La Sala II de la Cámara Federal porteña excarceló al empresario Gabriel Brito en la causa por la mafia de los medicamentos, en donde una asociación ilícita se dedicaba a comercializar medicamentos truchos o adulterados.
El Tribunal le fijó un embargo de 400 mil pesos, y confirmó su procesamiento por asociación ilícita y lavado de dinero, aunque revocó el de extorsión por el cual había sido imputado.
El Tribunal recordó que a Brito "se le imputa la presunta participación en el cobro irregular de subsidios y reintegros a través de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud de la Nación provocando ello un perjuicio a la Obra Social Bancaria y al Estado Nacional".
Brito "no sólo conocía las irregularidades que ostentaban los expedientes que serían presentados ante el APE, sino que intervenía en parte de la maniobra tendiente al cobro ilegítimo de reembolsos".
Concretamente, a Brito lo acusan de junto a Néstor Lorenzo, de droguerías "San Javier" y quien también está detenido en la causa que instruye Norberto Oyarbide, de defraudar al Estado en el pedido de reintegros al APE sobre tratamientos a pacientes de distintas obras sociales.
La Sala II refutó los dichos de Brito sobre que desconocía que cuatro cheques a su nombre por 310 mil pesos fueron aportados mediante cheques a la campaña oficialista de 2007. "Si bien Brito se presenta como víctima de los manejos de Lorenzo, el tenor de las conversaciones mantenidas entre ambos con posterioridad a tales sucesos impide asignar credibilidad a sus descargos y, de adverso, permiten sostener que la actividad por él desarrollada estaba enmarcada en el contexto asociativo analizado".
Además, el Tribunal ratificó su procesamiento por encubrimiento de lavado de dinero, ya que -según los jueces- habría cometido "al menos a partir del año 2007, a través de la maniobra que consistiría en el presunto libramiento de cheques", a la campaña del oficialismo. Asimismo La Sala II confirmó la investigación de Oyarbide sobre que esos aportes que recibió la campaña eran de un origen espurio.
En otro de los fallos, los jueces revocaron el procesamiento y dictaron la falta de mérito de Brito respecto al delito de extorsión en perjuicio de la Cooperativa Vernet. En esa cooperativa Lorenzo habría endozado los cheques que le dio Brito por 310 mil pesos, y los cuales luego fueron aportados a la campaña kircnerista de 2007.
Oyarbide había entendido que Brito exigió una suma de dinero a Vernet para no denunciar presuntos delitos vinculados con la "mafia de los medicamentos". Sin embargo, el empresario de Global Pharmacy siempre sostuvo que reclamó fondos en concepto de daños y perjuicios a raíz de que su nombre figuraba como un aportante de la campaña.
Sin embargo, para los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani ese procesamiento es "prematuro", "por cuanto no existen elementos que permitan afirmar, tal como lo hiciera el a quo, que Brito exigiera dinero a efectos de evitar un testimonio fraudulento en perjuicio de la denunciante". |
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