Así, los fiscales tendrán la facultad de dirigir la investigación y no los jueces. Habrá más posibilidades de ser excarcelado, pero también mayor control sobre quienes gozan de libertad condicional. En un año, hay 430.000 causas acumuladas sin resolver.
Con el fin de evitar que la instrucción de un caso dure más de veinte años, algo que es moneda común en Argentina, el Gobierno está listo para lanzar un importante proyecto de reforma para acortar la duración de los procesos y poner la tarea de investigación a cargo de los fiscales.
En diálogo con un matutino porteño, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, sostuvo que el país “tiene que pasar a un sistema acusatorio más moderno y rápido, para poder abreviar causas y evitar que prescriban”.
Luego de un estudio de todos los sistemas provinciales (el federal es uno de los más atrasados) que contó con la colaboración de varias organizaciones no gubernamentales, se llegaron a varias conclusiones importantes.
Entre las que se pueden destacar, se encuentra que los fiscales y no los jueces tendrán la facultad de dirigir la investigación, como sucede en gran parte del mundo. Así habría más imparcialidad.
También habrá mayor posibilidad de obtener la excarcelación, pero también mayor control sobre los que gozan libertad condicional.
Los fiscales no tendrán que investigar todas las causas, lo que les permitirá concentrarse en las más importantes.
El querellante o la víctima tendrán más facultades para impulsar la causa contra el auto del hecho.
La parte de instrucción del proceso, que es la primera, contará con más exposición oral y menos formalismos y escritos para que sea más ágil ese período.
A su vez, habrá menos recursos de apelación para no distorsionar el proceso, que muy de vez en cuando termina con una sentencia de condena o de absolución.
El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 115, que crea una comisión que estará integrada por varios abogados de renombre, funcionarios y jueces.
Este grupo de profesionales tiene 120 días y el año electoral no augura un tratamiento rápido del tema, aunque el proyecto de ley es probable que sea aprobado en 2008 y se empiece a utilizar a más tardar en 2009.
En un año se acumulan, entre los que casos que ingresan y los que hay de remanente sin resolver, 430.000 causas. Pero el sistema sólo puede abordar un 62 por ciento. El resto se acumula para el año siguiente. La justicia penal del inferior apenas resuelve el 30 por ciento.
Día de la Santísima Virgen del Rosario. ¿Más?
