Estados Unidos: el debate por la Ley Arizona de inmigración ingresa en una semana clave
A cuatro días de que la controvertida ley entre en vigor -salvo que lo evite una decisión judicial de última hora- el caliente debate sobre una de las normas más polémicas de los Estados Unidos de los últimos tiempos ingresará mañana en su semana clave.
Vigilias, protestas y boicots económicos de otros estados enmarcan la tensa espera sobre la decisión que pueda tomar la jueza Susan Bolton, de la corte de distrito de Phoenix, en relación a la Ley SB1070, que podría convertir a millones de inmigrantes ilegales en una suerte de delincuentes.
Desde que la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, estampara su firma en la normativa el 29 de abril no cesó la catarata de rechazos nacionales e internacionales que acusan a la ley de ser racista, discriminatoria y provocar el éxodo de cientos de hispanos del estado, según organizaciones civiles.
En Arizona, no obstante, una mayoría del 60% -segun las últimas encuestas- apoyan la controvertida normativa y la consideran una reacción al fracaso del gobierno federal por regular la situación de más de 11 millones de indocumentados en el país.
Los números en todo el país no son muy diferentes -58% de apoyo a la norma, segun los sondeos- en este explosivo debate enmarcado en el difícil momento ecónomico estadounidense, un hecho que favorece el fervor anti-inmigrante y lo convierte en un efectivo recurso para disputar una cuota de votos en las elecciones de noviembre próximo.
Más de media docenas de demandas - entre ellas una del propio gobierno estadounidense- son las que la jueza Bolton deberá resolver en este caso cuyo dictamen irá definiendo el camino sobre si la iniciativa vulnera o no la atribución que tiene el gobierno nacional de controlar las fronteras del país.
Varios de los demandantes solicitaron una suspensión temporal de la ley hasta que la jueza decida sobre las cuestión de fondo, que es la acusación de discriminación racial y el "derecho preeminente" de la ley federal sobre la estatal que garantiza la Constitución y que consideran viola la SB1070.
Cualquiera sea el pronunciamiento de la magistrada, los partidarios de la ley en Arizona adelantaron que no bajarán la guardia, conscientes de que la decisión de la magistrada no es la instancia decisiva en la batalla legal.
"Todo apunta a que la jueza concederá parcialmente la suspensión temporal de la ley", opinó el profesor de Derecho en la Universidad de Arizona Jack Chin, que viene siguiendo de cerca el caso, según informó la agencia de noticias DPA.
Chin explicó que "eso da la oportunidad inmediata" de recurrir ante la Corte de Apelaciones y que cualquiera de las partes "le pida al juez una suspensión del cumplimiento de la sentencia que permitiera acudir a la Corte Suprema".
Los opositores a la ley, en tanto, anticiparon una serie de protestas y movilizaciones, informó la agencia alemana de noticias DPA.
Nicole Torres, portavoz de la organización Promise Arizona (PAZ) que surgió al calor de las movilizaciones contra la ley aseguró que "se está planeando mantener protestas activas frente al tribunal" "La vigilia se mantendrá hasta el jueves, habrá gente de la mañana a la noche y será el día número 105" dijo Torres, aludiendo al grupo que desde antes de que se firmara la ley mantiene una protesta pacífica ante el Capitolio local.
La gobernadora Brewer, por su parte, se manifestó en los últimos días optimista acerca de lograr la entrada en vigor de la normativa.
En la misma vereda, el mediático sheriff del condado de Maricopa Joe Arpaio, quien gusta denominarse "el sheriff más implacable de Estados Unidos", dijo hoy que confía en el éxito legal de la normativa.
La semana pasada anunció que la "Tent City" -una prisión hecha a base de tiendas de campaña y donde acaban buena parte de los indocumentados detenidos por su oficina- inauguró un nuevo espacio denominado la "sección 1070", para que "nunca exista la excusa de que esa cárcel no tiene espacio suficiente para los violadores de la SB1070".
La ley en discusión criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense y otorga el derecho a la policía de realizar arrestos selectivos y arbitrarios ante la sóla sospecha de que una persona tenga un estatus migratorio irregular.
La resolución judicial puede no sólo redefinir el rol histórico del Gobierno federal en las políticas migratorias y de Relaciones Exteriores, sino que tendrá un impacto significativo sobre el mapa político estadounidense, de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
